en los barrios de montería | Publicado el

Hemos hecho lo que nos corresponde: Montaño

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Vivian Montaño González, directora de Control Fiscal de la Contraloría Municipal.
Vivian Montaño González, directora de Control Fiscal de la Contraloría Municipal.

Vivian Montaño González, directora de Control Fiscal de la Contraloría Municipal, informó que el caso de detrimento al Municipio, por el que se declaró responsable fiscal a Eleasalde Salcedo, expagador de la Institución Educativa Simón Araújo, lo detectó en una auditoría la Contraloría General de la República. 

Esta a su vez remitió el caso a la Contraloría Departamental que posteriormente lo asignó a la Municipal, donde se hicieron las investigaciones correspondientes para dar una respuesta a Salcedo sobre la denuncia que este hizo a los rectores y pagadores de las 34 instituciones oficiales del Municipio. 

Esto como respuesta a las recientes declaraciones que hizo Salcedo en EL MERIDIANO, donde expuso que no solo  los representantes del  Simón Araújo son responsables de dicho detrimento, sino también los de las otras 34 instituciones oficiales restantes.

 Vivian Montaño aseveró que luego de la denuncia de Salcedo contra los rectores, la Contraloría investigó las demás instituciones educativas y en estas encontró un detrimento que asciende los 130 millones de pesos correspondientes la vigencia del 2013. 

"La mayoría de rectores ya cancelaron el valor que la Contraloría estimó, subsanando el detrimento a las arcas municipales y por ello sus expedientes no pasan a la Dirección de Responsabilidad Fiscal. Antes bien, quedan archivados por haber respondido frente al caso", explicó.

  Añadió que hicieron las actuaciones necesarias y el hecho de que Salcedo no conociera la ruta para hacer valer el Acuerdo 066 de 2010, no lo exime de culpa alguna sobre el daño al Municipio.

 El detrimento se generó cuando los 35 rectores de las instituciones oficiales omitieron el pago de la estampilla proadulto mayor contemplado en el Acuerdo 066 de 2010, aprobado por el Concejo. Establece el pago del 3 % de los contratos suscritos por las instituciones para el arreglo de infraestructura o mejoras en la calidad educativa. 

 "Aquí todos están incluidos. A todas las instituciones se les hizo el debido proceso y no solamente a él, como señaló en EL MERIDIANO. Lo que hizo la Dirección de Responsabilidad Fiscal fue darle una respuesta de fondo a través de un informe final donde está el valor del presunto detrimento de las instituciones de las que se recolectó la información", puntualizó 


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