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Lo de Manexka no tiene reversa

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El Cabildo Zenú no podrá usar las oficinas que fueron selladas por la Supersalud en la edificación que tiene Manexka en San Andrés de Sotavento. Edna Najer, superintende delegada para las medidas especiales , espera que la liquidación no dure más de un año.

Con el fin de asegurar la información que está en las oficinas administrativas de la EPSI Manexka, la Superintendencia Nacional de Salud selló ayer estas dependencias como paso necesario  para retomarlas dentro del proceso de liquidación de la misma en cumplimiento de la Sentencia T103 de la Corte Constitucional de julio de 2018.

El sellamiento estuvo a cargo de Edna Paola Najer Rodríguez, superintendente delegada para las medidas especiales, acompañada del agente liquidador Gildardo Tíjaro.

Este deberá determinar los activos que tiene la EPSI para proceder posteriormente al pago de las obligaciones que tenga con trabajadores y acreedores.

Aunque la EPSI no estaba funcionando, porque le quitaron sus afiliados desde marzo del 2017, esta es poseedora de bienes muebles e inmuebles y mantenía empleados a los que no les había terminado su contrato y a los que el agente liquidador deberá responderle con las obligaciones de ley.

La Supersalud selló oficinas en las que reposaba información importante para la liquidación, pero el resto de la edificación, donde funcionaba la EPS indígena, queda a disposición del Cabildo Zenú, es decir, las áreas comunes, donde se realizan actividades de la etnia.

De acuerdo con Edna Paola Najer se espera que la liquidación dure un año. "Todo dependerá del panorama que levante el agente liquidador y el cronograma que él presente", agregó la funcionaria de la Supersalud. 

 

Historia

El 27 de marzo de 2017 la Supersalud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPSI Manexka, después de identificar una defraudación al sistema de salud por desviación de dineros para asuntos distintos a la salud. 

Otros hallazgos que llevaron a la decisión de la Supersalud fueron que Manexka no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede ubicada en el municipio de San Andrés de Sotavento y que de acuerdo con los libros contables asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que el Gobierno Nacional asigna por cada afiliado.

También, la contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones.

Sin embargo, las acciones de la Supersalud fueron revocadas por un fallo de tutela del Juez Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y confirmado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por lo que fue suspendida la liquidación. Esta revivió  con la sentencia de 2018 de la Corte Constitucional que determinó que la misma era legítima constitucionalmente.

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Sobre la población que se encontraba afiliada a esta EPSI y que es atendida desde el 1 de abril de 2017 por 5 EPS receptoras, la Corte Constitucional indicó que la reasignación de los usuarios a una o varias EPS, deberá ser objeto de una consulta previa. Los indígenas han manifestado su inconformismo porque no les ofrecen medicina diferencial.



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