Montería | 01:00 AM, 2020-10-16 | Montería

¿Procuraduría, extralimita funciones?

La competencia del Ministerio Público se limita a solicitar más no a declarar la nulidad del acto electoral, pues está es del resorte de la jurisdicción contenciosa administrativa
¿Procuraduría, extralimita funciones?
Por: Redacción El Meridiano
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Montería. El caso de la demanda electoral en el Tribunal Administrativo contra el alcalde de Planeta Rica, Rubén Tamayo Espitia, sigue generando controversia.
Ahora, esta corre por cuenta de la Procuraduría que interviene en el proceso, a través del procurador 124 Judicial II Administrativo de Montería, Ronald Castellar Arrieta.
El Meridiano conoció el documento con el que la Procuraduría da a conocer su concepto en este espinoso tema, que a todas estas aún no se ha clarificado y no se conoce el sentido del fallo. En dicho documento, que más bien parece un fallo y no un concepto que tenga inmerso una petición, se habla como si la Procuraduría fallara.
En el punto número uno señala de manera textual: "DECLARAR la improcedencia del medio de control de nulidad electoral frente a los
siguientes actos cuestionados: El formulario E8 ALC, que contiene la lista definitiva de candidatos; la Resolución 6568 del 23 de octubre de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral que negó la solicitud de revocatoria de la inscripción del demandado; la resolución 004 del 31 de octubre de 2019, dictada por la Comisión Escrutadora Municipal de Planeta Rica, que rechazó reclamación presentada por la apoderada del candidato a la
Alcaldía Germán Andrés Angulo Martinez, atendiendo a la previa decisión de lo reclamado ".

Y en el punto 2: "DECLARAR la nulidad del acto declaratorio de la elección del señor Rubén Darío Tamayo Espitia como alcalde municipal de Planeta Rica, periodo 2020-2023, contenido en el formulario E-26AL de fecha 2 de noviembre de 2019. expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Córdoba. Debe disponerse además de la cancelación de la respectiva credencial ".
Y en el tercer punto señala: "NEGAR las demás pretensiones de la demanda".
Estos tres elementos dan cuenta como si la Procuraduría era la que tuviera la competencia para proporcionar un fallo de fondo en el tema de la demanda electoral y no emitir un concepto, que es lo que generalmente se hace en este tipo de casos.
Por eso, este documento para muchos abogados especialistas en derecho administrativo es un adefesio jurídico y un despropósito que transgrede la actuación de la Procuraduría y quiere convertirla en un juez de tipo administrativo, cuando esa no es su naturaleza.
El artículo 303 del Código Contencioso Administrativo señala dentro de las atribuciones del Ministerio Público que está "facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero que tendrá las siguientes atribuciones especiales ", entre ellas las que ocupan el artículo número 2 que señala:" Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos ".
Entonces siendo coherentes con ese artículo, en este por ningún lado está la palabra "solicitar", sino que declara y niega pretensiones en la demanda, lo cual podría ser tomado como un prevaricato, que en cualquier momento una de las partes del caso podría denunciar.
La historia
El caso de la demanda electoral contra Rubén Tamayo Espitia es la siguiente:
La demanda electoral fue presentada por el candidato perdedor en la contienda electoral pasada, Germán Angulo Martínez, quien consideró que Rubén Tamayo se inscribió de manera irregular, ya que al momento de presentar su candidatura a la Registraduría no llevó el coaval de Cambio Radical, partido con el que apareció registrado en el tarjetón, junto al del Partido Conservador.
La ponencia estaba a cargo de Nadia Benítez Vega, pero su fallo no fue acogida por las otras dos magistradas que conforman la sala, por lo que el proceso entró en una nueva etapa.
El expediente pasó al despacho de la magistrada Diva Cabrales Solano por haber sido derrotada la ponencia presentada por la magistrada ponente Nadia Benítez Vega. Ahora, Cabrales Solano deberá presentar su ponencia y las magistradas Nadia Benítez Vega y Gladis Arteaga decidirán si la respaldan o no.
Para que una ponencia sea ratificada se necesitan que dos de los tres magistrados de la sala estén a favor de esta. Sin embargo, se ha conocido que esa célula del Tribunal está sumida en una confusión al no aceptar ninguna de las ponencias, por lo que se ha venido especulando sobre la posible reconformación del Tribunal por la fuerte discusión existente.
El tema podría tardarse en resolverse si se tiene en cuenta que una de las magistradas dejó entrever que no está de acuerdo con las posturas debatidas y que habría asuntos que no se han discutido.
La Registraduría, que es parte en este proceso de demanda electoral, le da la razón a Rubén Tamayo señalando fue avalado por el Partido Conservador y coavalado por Cambio Radical y que inscribió su candidatura por el conservatismo. Además, el Consejo Nacional Electoral en su momento no encontró fundamentos de hecho ni de derecho para acceder a la solicitud de nulidad de la inscripción del demandado, decidiendo negativamente la solicitud de revocatoria en mención.
La Procuraduría le da la razón a Germán Angulo Martínez y pidió declarar la improcedencia del medio de control de nulidad electoral, lo que quiere decir que está de acuerdo en que la inscripción fue irregular.

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