Opinión | 12:00 AM, 2020-09-21 | Sincelejo

Racha de desafueros

Por: Ismael Guerra de la Ossa
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A juzgar por lo que está aconteciendo en el Concejo de San Pedro (Sucre) parece ser que el proceder correcto y apegado a la ley no ha sido su norma de comportamiento. En el período pasado, 2016-2019, ocurrieron casos y cosas como, por ejemplo, aquella vigencia en que su presidente pagó con fondos del Concejo a una concejala, sobrina política suya, una licencia de maternidad que ya había sido cancelada por su EPS (Medimás) sobre lo cual hubo denuncias cuyos resultados se desconocen. Y en la vigencia de 2016, cuando fungió como presidente el actual alcalde de San Pedro, José Miguel García Piña, presuntamente se pagaron sesiones a miembros de la corporación que no debían pagarse según el Reglamento Interno del Concejo, hecho que le acarreó una demanda a García Piña ante el Tribunal Administrativo de Sucre por posible inhabilidad sobreviniente la cual fue admitida por este tribunal. Pero el colmo de los desafueros se está presentando en el actual período del Concejo de San Pedro, 2020-2023. En enero de este año comenzó el desbarajuste.

Resulta que las mayorías del Concejo eligieron a dos concejales de una misma bancada en la mesa directiva de la corporación, presidente y vicepresidente, lo cual viola flagrantemente lo que dispone el Reglamento Interno del Concejo y expresas normas legales. Sobre esto hay demanda y denuncias que pronto arrojarán resultados. Y más adelante el Concejo eligió secretario de la corporación a Boris Vergara Méndez cuyo acto de elección fue suspendido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Sincelejo que consideró presuntos vicios de nulidad en su elección y por eso decretó tal medida cautelar dentro de la demanda correspondiente. Antes, ese mismo juzgado suspendió la elección de Jénnifer Oriana Guerra Anaya como personera de San Pedro también por posibles vicios de ilegalidad. Es de señalar que esta decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Sucre el cual la confirmó. Cabe anotar que la elección de la personera Guerra Anaya tiene dos demandas, una de ellas instaurada por dos procuradoras judiciales.

Como se ve, no son pocos los desafueros en que ha incurrido la coalición mayoritaria del Concejo de San Pedro y eso se refleja en los fallos de la justicia administrativa, lo que hace pensar a voceros de la comunidad sampedrense en si ya no será hora de que se impongan tatequietos y sanciones ejemplarizantes para que no sigan las tropelías en esa corporación.

 

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