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Vivero, en la lupa de los entes de control

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El alcalde de Corozal, Andrés Vivero León (foto izquierda), suscribió un contrato por 800 millones de pesos para reducir los factores de riesgo en los jóvenes.
El alcalde de Corozal, Andrés Vivero León (foto izquierda), suscribió un contrato por 800 millones de pesos para reducir los factores de riesgo en los jóvenes.

Por presunto contrato sin lleno de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contrato y concierto para delinquir fue denunciado el alcalde de este municipio, Andrés Vivero.

Según reposa en la denuncia instaurada por las Veedurías de Corozal en la Fiscalía y en los entes de control,  existen presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicio, cuyo objeto contractual es el fortalecimiento del tejido social, la seguridad y convivencia  ciudadana, mediante la implementación de servicios complementarios para reducir factores de riesgo en los adolescentes y jóvenes de este municipio.

Dicho contrato, según la denuncia, lo suscribió el alcalde el 10 de mayo de 2017 con la Corporación Social para el Desarrollo Social Integral de Sucre (Corpadis), representada por Carlos Navas Moreno por un valor de 800 millones de pesos.

 A 'dedo'

Sostienen los veedores que el alcalde Vivero, el contratista  Navas y Julieth de la Espriella, secretaria de Gobierno local; Roberto Espinosa, contador del Municipio, y Silvano Garrido, asesor externo, se concertaron para manipular y adjudicar a "dedo" el contrato que ya tenía nombre desde que inició el proceso, lo que para ellos sería un posible concierto para delinquir.  

"Señores de la Fiscalía, reiteramos que  todo el proceso fue manipulado bajo la condición del alcalde que de entrada se apropiaron de los recursos de ese contrato", señala la denuncia de los veedores.

 La denuncia contra el alcalde de Corozal, Andrés Vivero, también recae sobre otros cuatro funcionarios.

Agregan que tanto el alcalde como los otros funcionarios en mención se pasaron por la "faja"  lo que dispone la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y todas aquellas normas de contratación estatal. 

También hacen hincapié en que se apropiaron del anticipo del contrato (400 millones de pesos) porque presuntamente este no se ejecutó.

Por último afirman los veedores en la denuncia que el alcalde contrató con una corporación de papel, pues esta no cuenta con el personal idóneo ni mucho menos con el músculo financiero para ejecutarlo.

Este medio conoció que Corpadis es investigada por la Fiscalía por contratos en otros municipios, como Colosó. 

En este municipio la exalcaldesa Verónica Vanegas, el exsecretario de Gobierno Óscar Luna y Carlos Navas, contratista, son procesados por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato similar al que se denuncia en Corozal. 

En diálogo con EL MERIDIANO el alcalde Andrés Vivero respondió que su administración se ha caracterizado por el principio  de eficacia, eficiencia y transparencia en todos los procesos de contratación. Por lo tanto el contrato en cuestión no se seleccionó a "dedo", pues se hizo a través de una licitación pública en la que participaron  interesados  en  el proceso.

 Agregó que para más transparencia la licitación la montaron en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

"Ese proceso fue autorizado y aprobado por el Consejo de Política Social en la Mesa de Primera Infancia por el alto índice de drogadicción que hay en el municipio", dijo.

Respondió que hubo varias propuestas, la de Corpadis y otras dos, pero esas se presentaron extemporáneas. Por eso evaluaron a Corpadis y, de acuerdo con los pliegos, esta cumplía con los requisitos.

Aclaró que del valor del contrato solo han pagado al contratista  400 millones de  pesos que equivalen al 50 % del anticipo. El contrato ya está ejecutado en un 100 %, aseguró.

TE DESTACAMOS

• La denuncia la instauró la veedurías de Corozal ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que se investigue al alcalde Andrés Vivero y a otros.
• El contrato en cuestión se suscribió para un tiempo de ejecución de cinco meses.


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