Sincelejo | 12:00 AM, 2021-05-03 | Sincelejo

Abogados alegan que después de 10 años Fiscalía notifica la investigación

Dentro de tres meses las exfuncionarias deben ser acusadas.
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Abogado Alfredo Sotomayor
Abogado Alfredo Sotomayor
Foto:Cortesía
Por: Redacción El Meridiano
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 Los abogados defensores de las exfuncionarias de la Gobernación de Sucre, Martha García Díaz, Julissa Mercado Gutiérrez y Keyna María Mebarak Covaleda, emitieron su pronunciamiento ante la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá.
Es de recordar que la Fiscalía les imputó cargos a exfuncionarias por presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito y ejecutado entre 2012 y 2013 con una IPS.
Les imputaron el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Estas personas habrían participado en el desembolso de $8.000 millones de pesos a la IPS encargada de la prestación de urgencias, servicios de hospitalización y tratamiento integral no incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para usuarios con afectaciones mentales o adicciones a las drogas.
Las entonces funcionarias, supuestamente, tramitaron cobros y avalaron pagos sin verificar las facturas, historias clínicas y otra documentación presentada por la IPS. De esta manera, al parecer, no se percataron o pasaron por alto que la ejecución del contrato fue sustentada con pacientes "fantasma", que nunca recibieron atención.
En ese sentido, Alfredo Sotomayor, apoderado de García Díaz, cuestionó a la Fiscalía por no notificar a tiempo a su clienta.
 "La Ley 906, de 2004 establece en su artículo 1° la dignidad humana. Esta exige a los intervinientes en el proceso penal sean tratados con el debido respeto. La imputación es un acto de comunicación que hace el ente investigador ante un juez por una presunta conducta punible para que el procesado inicie su defensa. Los hechos por lo que le imputaron a mi cliente datan del 2009-2010. Han transcurrido más de diez años para investigar y solo hasta el 27 de abril de este año, Martha García viene a conocer lo que reprocha la Fiscalía y desde ahora ejercerá su defensa material", indicó Sotomayor.
Agregó que el próximo 4 de mayo está programada la audiencia de imputación a los representantes de la IPS Camino a la Virtud, y el 10 de mayo está programada también audiencia de imputación a otros servidores, lo que indica, según Sotomayor, que el acto de comunicación de una sola conducta no está completo aún, todavía no ha finalizado.
"Los procesados están llamados a atender a esa calidad de personas y por ende exigen respecto. Son seres humanos inocentes hasta el día de hoy. El Estado está en el deber de romper esa presunción de inocencia y demostrar con pruebas que son culpables en juicio del delito, que después de más de diez años, se les hace conocer a las imputada, Martha García no debe demostrar que es inocente, pues es inocente”, expresó el abogado.
Pide a la Fiscalía que observe con la debida atención la actividad que ejecutó García cuando fue directora de Dasssalud.  
Entre tanto, Inocencio Meléndez, defensor de Mebarak Covaleda, dejo claro que cuando la Secretaría de Salud de Sucre autorizó a que la IPS atendiera pacientes del tercer nivel por enfermedades mentales, su clienta no era secretaria de Hacienda.
 "Cuando los atendieron ella no era secretaria de Hacienda, ni cuando elaboraron las historias clínicas, ni la facturación, ni mucho menos cuando presentaron las cuentas al departamento, Es decir, que cuando Mebarak entró como secretaria de Hacienda en el 2015, ya, ocho años antes, se había prestado los servicios. Lo que estaba pendiente era el pago. Además, después de diez años es que las exfuncionarias saben de la investigación", explicó Meléndez.
Anotó que cuando Mebarak llega a la Secretaría de Hacienda recibe un embargo por demanda ejecutiva que presentó la IPS Camino a la Virtud. Sostuvo que bien pudo Mebarak pagar ese embargo, pero por transparencia y moralidad pública sugirió que se contratara, por concurso de méritos, una auditoría y una empresa de Medellín, auditora de cuentas médicas se la ganó.
" Y de los 8 mil millones de pesos que los jueces ordenaron pagar, esa firma auditora dijo que solo se podían pagar, de las cuentas auditadas, más de 2 mil millones de pesos. Gracias a esa auditoria no se pagaron los 8 mil millones", manifestó Meléndez.
Agregó el abogado que la intervención de Mebarak fue acoger la auditoría externa. Indicó que sobre esos 2 mil millones no hay ninguna irregularidad porque corresponde a servicios prestados.
Por su parte, Luis José Merlano, defensor de Mercado Gutiérrez, que fungió como directora de Dasssalud para el año 2010, señaló que la vinculación de su clienta es porque firmó sólo una resolución que ordenaba el pago por la prestación de servicios de salud de urgencias de tercer nivel a la población pobre no asegurada (PPNA).
Indicó que, para poder reconocer el pago al prestador del servicio de salud, existe un procedimiento previo, en el cual se incluye una auditoría concurrente, que implicaba la visita al correspondiente centro asistencial por parte de funcionarios de Dasssalud.
"Lo anterior para resaltar que Julissa Mercado solo firmaba la resolución cuando las cuentas presentadas por el prestador del servicio de salud habían sido debidamente auditadas, y contara con el visto bueno del comité de análisis y evaluación", sostuvo Merlano. 
Dejo en claro que Mercado solo ha sido llamada por la Fiscalía a formulación de imputación, por hechos ocurridos hace más de diez años, por lo tanto, le asiste el derecho a un debido proceso y defensa. "Hasta tanto la Fiscalía no demuestre lo contrario, ella es inocente de los hechos que se le endilgan", concluyó.
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