Sincelejo | 12:00 AM, 2021-10-16 | Sincelejo

'Cartel de los enfermos mentales' sigue desangrando a la salud de Sucre

Se estima que el monto total de este desangre al erario público sucreño, con los embargos, asciende a los 60 mil millones de pesos.
Los implicados en el "cartel de los enfermos mentales" están embargado las cuentas de la salud de Sucre.
Los implicados en el "cartel de los enfermos mentales" están embargado las cuentas de la salud de Sucre.
Por: Redacción El Meridiano
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Mire señora periodista el descaro más grande que yo he visto en cuanto a corrupción en Sucre ha sido que ahora los implicados en el escandaloso 'cartel de los enfermos mentales' se están haciendo las víctimas y ahora le están embargando las cuentas de la salud de los sucreños. Le dejo esa inquietud para que investigue".
 Así se expresó un veedor y líder que siempre estuvo pendiente que los entes de control entregaran resultados positivos ante este caso que desangró la salud en Sucre. En esta ocasión omitimos su nombre por su seguridad, pues ha recibido amenazas. 
A raíz de esa expresión, El Meridiano se tomó el trabajo de investigar y efectivamente encontró que ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal, la IPS Nueva Esperanza instauró una demanda ejecutiva en contra del departamento de Sucre para que se librara mandamiento de pago por el orden de $608 .214. 610, cuyo título judicial de recaudo estuvo soportado en acta de conciliación suscrita y depurada por la Secretaría de Salud de Sucre.
 Es de anotar que dicha IPS es una de las entidades de salud vinculada al cartel de "los enfermos mentales" que desangró al sector salud en Sucre con el cobro de servicios médicos a una población vulnerable que nunca existió. El escándalo de dicho cartel estalló cuando la Contraloría General de la República auditó los contratos, que con recursos del SGP, ejecutó la Gobernación. El ente fiscal verificó  las facturas y las órdenes médicas, los tratamientos que se ordenaban a los supuestos pacientes y encontró que el sexo, edad y condición, eran los mismos.
El Meridiano conoció que desde que la Gobernación   tuvo conocimiento de dicha demanda, empezó a ejercer la defensa, pero desafortunadamente ahora las decisiones judiciales apoyan a dicho cartel. 
 Pues el Juzgado en mención, representado por Clarena Lucía Ordoñez Sierra, libró mandamiento de pago a favor de la IPS Nueva Esperanza. 
Para la Gobernación, el juzgado no ha tenido en cuenta la defensa que ha ejercido el departamento el cual, en este momento se encuentra ejecutando el acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550.
Y lo que es peor aún que ha desconocido la inembargabilidad de las cuentas maestras de los recursos del Sistema General de Participación, en el sector de la salud, para lograr su fin. 
Pues desde antier esa IPS está en la diligencia de sacar del banco 3 mil millones de pesos. Esa plata se le envía a los hospitales del departamento para su funcionamiento diario. 
 Ha sido tal el acoso y la violación a los derechos de defensa de la Gobernación y del sector salud del departamento que ayer a la Gobernación, no le quedó otro camino que denunciar a la juez ante la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Contraloría General de la República.  
 Trascendió que ya se sabe que algunos involucrados en dicho cartel han estado visitando algunas de las casas de los funcionarios de la Gobernación para constreñir con el fin de que no salgan a denunciar públicamente. También han hecho ofrecimientos de coimas de hasta 2 mil millones de pesos a cambio de silencio. 
En la denuncia la Gobernación indica que en auto de 7 de junio de 2019, ese Juzgado resolvió no librar mandamiento de pago, porque en su sentir, no se presentó el documento idóneo que sirviera de fundamento para la ejecución, en razón a que el título presentado al cobro es de tipo complejo, y los elementos que en su integridad lo conforman no fueron allegados, pues en los anexos de la demanda solo reposa un acta de conciliación, que puede ser tenida como base del recaudo. Así mismo señaló que la entidad se encontraba incurso dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999- por lo que no es procedente la iniciación de procesos ejecutivos.
Agregó que inconforme con la decisión anterior, la ejecutante IPS Nueva Esperanza presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.
El 11 de febrero de 2020, el Juzgado mantuvo su decisión de no librar mandamiento de pago y concedió el recurso de apelación para que se surtiera la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Sincelejo.

No procedió
El Tribunal en su decisión dijo que son categóricos, que, en contra de entidades públicas, que se encuentren en procesos de reestructuración de pasivos no es procedente el cobro forzado ni la instauración de procesos ejecutivos en su contra.
Sin embargo, la juez hizo caso omiso y mediante un nuevo proceso ejecutivo resolvió librar mandamiento de pago a favor de la IPS Nueva Esperanza.
Por ello la Gobernación de Sucre la denunció por el delito de prevaricato por acción.

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