Opinión | 12:00 AM, 2021-11-25 | Redacción

Concurso de méritos

Por: Fernando Negrete Montes
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El acceso al servicio público de empleo por el sistema de méritos ha sido un largo viacrucis, a pesar de las disposiciones que lo han reglado como las leyes 61 de 1987 para los empleos del orden nacional, 27 de 1992 que lo extendió a las entidades territoriales y 909 de 2004 que lo armoniza en todos los niveles y componentes de la administración pública. No es un tema que marche sobre rieles por los múltiples tropiezos que ha tenido.

En el caso del departamento de Córdoba se estrena la ley 909 de 2004 con la convocatoria 01 de 2005 que se prolongó hasta el año 2012 porque un número significativo de vacantes estaba provisto con nombramientos provisionales que reclamaron supuestos derechos por haberse desempeñado por varios años en dichos cargos, asunto que había fallado la Corte Constitucional en demandas a las leyes 60 de 1993, 715 de 1994 y 344 de 1996, negando la permanencia en los cargos al romper el derecho a la igualdad en el acceso al empleo público.

Quince años después, 2005-2019, se hace la convocatoria territorial de 2019 que buscaba proveer 549 cargos administrativos de todos los niveles de una planta de personal de 808 empleos que representaba el 68%, situación que es determinante en el actual conflicto existente porque la interinidad es la característica principal y esto no es eficiente ni óptimo para garantizar calidad en el servicio.

La historia de la convocatoria territorial 2019 continua con una demanda contra la planta de cargos y las modificaciones al Manual de Funciones realizadas en los años 2016 y 2018 por no ajustarse a criterios de transparencia y equidad y que sirvieron de soporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, para seguir adelante y que fue fallada el 16 de noviembre del presente año "tumbando" el Manual de Funciones y dejando sin "piso" el proceso.

Pese a ello, el 18 de noviembre de 2021 la Cnsc publicó los resultados de la convocatoria 2019 del departamento de Córdoba, desatando reacciones por parte de funcionarios con nombramiento provisional que consideraron vulnerados sus derechos porque pueden ser sacados del servicio sin la existencia de un Manual de Funciones, base de todo lo actuado por la Cnsc.

Esta situación se genera por el tiempo transcurrido entre una convocatoria y otra. Las oficinas de personal deben realizar concursos públicos de empleo cuando las vacantes lleguen máximo a niveles del 10%. Así gana el departamento y la ciudadanía al ofrecer buenos servicios el primero y al empleo público la segunda.

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