Sincelejo | 12:00 AM, 2021-12-28 | Sincelejo

Contraloría imputó cargos a exgobernadores de Sucre

La Contraloría les abrió a exfuncionarios de la Gobernación de Sucre un proceso ordinario de responsabilidad fiscal.
La Contraloría procesa a dos exgobernadores de Sucre por presuntas irregularidades en los recursos de la salud.
La Contraloría procesa a dos exgobernadores de Sucre por presuntas irregularidades en los recursos de la salud.
Por: Redacción El Meridiano
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La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República de Sucre le imputó cargos de responsabilidad fiscal a los exgobernadores de Sucre Julio Guerra Tulena y Édgar Martínez Romero, así como a Nayibe Padilla Villa, exsecretaria de Salud de Sucre, a Samir Serpa, exlíder del programa de auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre, y a Juan Carlos Guardo del Río, exgerente interventor del Hospital de San Marcos.
Dicha imputación se da dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, en el cual el ente de control le lleva a esas personas por el manejo irregular de recursos públicos en la Gobernación.
El proceso que le abrieron a esos exfuncionarios se deriva de una auditoría que la Contraloría le hizo a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) que   le llegaron al departamento de Sucre en la vigencias 2015. En esa auditoría se informa de posibles irregularidades presentadas en la ejecución de un contrato suscrito entre la Gobernación y el Hospital de San Marcos, cuyo objeto fue "Garantizar la atención en salud de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda en los procedimientos de baja complejidad, residentes en el área de influencia del Hospital".
Esa presunta irregularidad se originó en un hallazgo fiscal que indica que la Gobernación, en desarrollo a ese contrato, hizo un pago anticipado por $480.000.000, correspondiente al 40 % del monto total de dicho contrato y la ESE, durante la vigencia del contrato, solo prestó servicios por valor de $112.610.258. Esto, según la Contraloría, debido a deficiencias en los mecanismos de control interno del área de contratación al pactar pagos porcentuales en esta modalidad de contratación. 
A lo anterior expuesto, la Contraloría señaló que ese hecho permitió que el contratista tenga en su poder dineros sin prestar los respectivos servicios, lo que se constituye en un detrimento al patrimonio público de la Gobernación de Sucre.
De acuerdo a la Contraloría, de las pruebas aportadas, se tiene un posible detrimento patrimonial al Estado en cuantía de $71.197.664, ocasionado del pago realizado al Hospital, por la suma de $480.000.000, correspondiente al 40 %, y el valor de las facturas verificadas en el sistema de información Sios-sysnet, que suman un total de $408.802.336, lo cual genera una diferencia de $71.197.664.
La Contraloría también evidenció, que de acuerdo con las pruebas que se encontraron en el expediente, se determinó que en la Gobernación de Sucre ni en el Hospital Regional de San Marcos existen documentos soportes que demuestren en que fueron invertidos los $71.197.664 faltantes.
Por lo antes expuesto, la Contraloría les imputó los cargos a los exfuncionarios. En ese sentido, a Guerra le dijo que en su condición de gobernador tenía el manejo de la actividad contractual, y la capacidad o facultad jurídica de disposición, administración y manejo de los recursos e intereses públicos comprometidos en el contrato investigado, por lo tanto, la Contraloría lo señala de una conducta gravemente culposa, pues faltó a su deber como ejecutor de los recursos destinados para la atención de la salud. "No desarrolló una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión, ocasionando el desmedro de los recursos del Sistema General de Participaciones", dijo la Contraloría.
En el caso de Martínez, como director de la acción administrativa y representante legal del departamento, le correspondía la dirección, coordinación y seguimiento al programa de salud, sobre la cual se dirigieron los recursos del Sistema General de Participaciones, pero, según la Contraloría no lo hizo así, por lo tanto, su conducta fue calificada como gravemente culposa, pues faltó a su deber como ejecutor de los recursos destinados para la atención de la salud.
En cuanto a Guardo, indicó la Contraloría que atentó contra la correcta administración e inversión de los recursos y con ello se derivó un resultado dañoso para los intereses generales de la comunidad, por ello es que su responsabilidad se le calificó de culpa grave, ya que supera los criterios propios del simple abandono o descuido.
Para el caso de Padilla, la Contraloría le reprochó que le correspondía supervisar la aplicación de los recursos del SGP, ello aunado a que este proceso no le era desconocido porque ya había suscrito el estudio de conveniencia y oportunidad del contrato.
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