Sincelejo | 12:00 AM, 2021-09-12 | Sincelejo

Édgar Martínez dice que no es responsable de detrimento

La Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal
Édgar Martínez Romero.
Édgar Martínez Romero.
Por: Redacción El Meridiano
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 El exgobernador de Sucre Édgar Martínez Romero le dejó claro a la Contraloría General de la República que no es responsable del detrimento  patrimonial que el ente fiscal le endilgó por presuntas irregularidades en la "prestación de servicios para la actualización de la herramienta tecnológica financiera requerida para el proceso de registro de transacciones de los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación y las instituciones educativas oficiales del departamento".
Así lo dijo el exmandatario en una versión libre ante la Contraloría, en la que también alegó que no existió ni se constituyó conducta omisiva en ese contrato y ni mucho menos dolosa o culposa dentro del mismo.
En el contrato, que fue suscrito el 13 de diciembre de 2016, la Contraloría señaló que al parecer se presentó un posible detrimento patrimonial al Estado en cuantía de 17 millones 400 mil pesos, ocasionado en cinco talleres que se debían desarrollar para el manejo e implementación del Software financiero SAR en los colegios, por un valor de $5.800.000, pero solamente se hicieron dos capacitaciones durante los días 13 y 14 de febrero de 2017 faltando por ejecutarse tres.
Según Martínez, a través de su defensor, Alfredo Sotomayor, dice que "resulta imperioso manifestar y determinar que los auditores de la Contraloría, en su momento realizaron un análisis general, global y abstracto del gasto llevado a cabo por la Secretaría de Educación Departamental respecto al contrato del 13 de diciembre de 2016 y es claro que así lo efectúan, por cuanto se limitaron a establecer, que en los registros del acuerdo de voluntades se establecieron 5 unidades del  ítem talleres regionales por subregiones y lo comparan con la ejecución de dos días de evento en la ejecución del objeto referido, sin tener en cuenta que está contrastando dos categorías diferentes: por un lado, las unidades del ítem que se pretende satisfacer y por el otro el número de días de eventos que se llevaron a cabo".
Agregó que para el análisis anterior, resulta una conclusión improcedente por parte de ente de control, ya que es el resultado de la sumatoria de dos premisas que no pertenecen a una misma categoría y por ende no se puede asociar. En segundo lugar porque se abstiene de llevar a cabo un análisis de valores, de precios, de dinero y de inversión estatal. Es decir, no efectúan una sumatoria de los costos directos e indirectos de los dos días de capacitación para estimar que estos fueron objeto de dilapidación o mala inversión. "No realizaron un estudio de costos del evento para determinar que hubo sobrecosto en ellos, y tampoco efectuaron un control de ejecución del gasto para estimar que se hayan cobrado elementos no ejecutados en la capacitación ya referida", expresó Martínez.
Por lo anterior solicitó la terminación y archivo del proceso, toda vez que los elementos que integran la responsabilidad fiscal "conllevan a una conducta dolosa o culposa, más un detrimento patrimonial y un nexo causal entre ambos, que para este caso en particular no se evidencian y tampoco se encuentran probados".
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