Sincelejo | 12:00 AM, 2021-11-24 | Bogotá

En Caimito hay otra 'mano' de Centros Poblados, CGR abrió proceso fiscal por puente en La Solera

La denuncia, sobre la no ejecución del puente militar sobre el río San Jorge, exactamente en el corregimiento La Solera, de Caimito, que publicó recientemente El Meridiano, agilizó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República, que a través de una auditoría detectó unos hallazgos, que hoy dan pie a abrir el proceso fiscal contra Víctor Miguel Ricardo, exalcalde de Caimito 2016 - 2019; Kevin Ricardo Caly, exsecretario de Planeación de ese municipio, (fotos recuadro) y el contratista de la obra, Wálter Sánchez. Pero quizás lo más grave de todo esto, es que a ese proceso fue vinculado también la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados. En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 % de participación. También hay otros responsables
Víctor Ricardo Vega, exalcalde de Caimito y Kevin Ricardo Caly, secretario de Planeación de Caimito , vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal.
Víctor Ricardo Vega, exalcalde de Caimito y Kevin Ricardo Caly, secretario de Planeación de Caimito , vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal.
Por: Redacción El Meridiano
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 Apareció en el departamento de Sucre otro tentáculo de Centros Poblados: en Caimito. 
La primera "mano" de la cuestionada Unión Temporal apareció en el municipio de Chalán, donde el Municipio celebró un contrato de obra pública en el 2019 con la empresa Intec de la Costa S.A.S por un valor de $4.855.819.349,  entidad que efectivamente hace parte de la polémica empresa Centros Poblados. En ese sitio  se hace el mejoramiento, mantenimiento y conservación en placa huella de la vía Joney.

EL Meridiano registró esta denuncia. Se espera que los entes de control actúen también.

Ahora la firma Intec de la Costa S.A.S aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, a quién el municipio de Caimito en el 2019 contrató  la construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en el corregimiento  La Solera.
 La participación de Intec de la Costa SAS en el Consorcio Puente San Jorge 2019 es de un 80 %.
El meollo del asunto es que la Contraloría General de la República vinculó a un proceso de responsabilidad fiscal a la empresa contratista de dicho puente, que según se observa en lo que halló el ente de control, ese proyecto lo habrían hecho con el objetivo de que se desviaran los recursos, en este caso el anticipo que fue de $1.337.790.621,50, correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.

El valor total de la obra es de 2 mil 507 millones de pesos. La apertura del proceso de responsabilidad fiscal es por irregularidades en el fallido proyecto de construcción del puente, donde recalca la Contraloría está perdido el anticipo antes mencionado entregado al contratista Consorcio Puente San Jorge 2019). Wálter David Sánchez Urzola.

Lo que detectó 
Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma Alcaldía denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.  
Precisamente una denuncia que recibió la Contraloría originó una auditoría adelantada en el municipio, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal, cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Sucre. El hallazgo tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato, particularmente en la inversión del anticipo de obra.   

El Meridiano visitó el sitio en octubre pasado y denunció esta obra inconclusa. ojalá la CGR haga algo.

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debían estar allí, aunque no se hubiese amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.  
En visita que hizo a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada la obra, es decir, sin ejecutar. 

Pólizas vencidas y otros líos.
Aparte de un supuesto mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.  
El organismo de control detectó que igualmente el secretario de Planeación de Caimito, para la fecha de los hechos investigados, Kevin Ricardo Caly, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.  
Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de cause y permiso de aprovechamiento forestal.  Tampoco está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados. 

Causa del daño patrimonial.
En el proceso de responsabilidad fiscal abierto a este contrato, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato. 
A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución. Por otra parte, la interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Responsables.
Por toda esta situación, la Contraloría General también le abrió proceso de responsabilidad fiscal a:
-Víctor Ricardo Vega, en calidad de alcalde de Caimito 2016 - 2019 para la época de los hechos investigados.
-Kevin Ricardo Caly, secretario de Planeación de Caimito para la época, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.  
-Dialco Construcciones S.A.S., como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.  
-Wálter Sánchez Urzola, por su actuar como representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, lo que recibió de anticipó. 
-Covilco Ltda., integrante del Consorcio Interpuentes 2019, con participación del 50%, contratista ejecutor del contrato de interventoría  
-Javier Pereira Areiza, integrante del Consorcio Interpuentes 2019, con participación del 50%, contratista ejecutor del contrato de interventoría. 
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