Sincelejo | 12:00 AM, 2021-05-31 | Sincelejo

Exalcalde de la Unión y otros deberán devolverle a la Nación $1.500 millones

La Contraloría emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra exmandatario de La Unión.
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Ángel Contreras Nieto, exalcalde del municipio de La Unión en el periodo 2008-2011..
Ángel Contreras Nieto, exalcalde del municipio de La Unión en el periodo 2008-2011..
Foto:Archivo
Por: Redacción El Meridiano
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Un daño patrimonial de $1.496.893.078 causaron Ángel Iván Contreras Nieto, exalcalde; Jaime Cochero Jaraba, miembro de la Organización Popular de Vivienda para el Departamento de Córdoba (OPV), y Manuel Causil Díaz, representante legal de la Asociación Obligatoria de Municipios del Caribe (Asocaribe) al municipio de La Unión.
Así lo señala un fallo con responsabilidad fiscal confirmado por el nivel central de la Contraloría General de la República al resolver el recurso de apelación que en su momento instauraron los responsables contra el fallo de la Gerencia Sucre.

Hechos
Los hechos por los cuales fueron procesados fiscalmente estas personan tienen que ver con un hallazgo fiscal evidenciado en una auditoría que el ente fiscal le hizo al contrato, que tenía como objeto la construcción de viviendas para atender a las familias afectadas por la ola invernal del 2008 en los corregimientos de Vijagual, Rabolargo, Sabanetas, Las Garitas Villa Fátima y Boca Negra, del municipio de La Unión. 
Señaló la Contraloría que, con recursos del Fondo Nacional de Regalías, el municipio de La Unión invirtió la cifra antes mencionada para la construcción de dichas viviendas de interés social rural, pero las obras presentan deficiencias en aspectos de carácter técnico y constructivo, en cuanto al espesor de las unidades de calidad, las juntas del mortero de pega y de los materiales y tipo y disposición de las unidades de mampostería. 
Durante el hallazgo, la Contraloría pudo establecer incumplimiento en cuanto a los planos de diseño, especificaciones técnicas, normas y demás documentos presentados y aprobados para la ejecución del proyecto de vivienda, incidiendo en el grado de vulnerabilidad sísmica de la vivienda.   
Una vez la Contraloría General de la República estudió y analizó las pruebas allegadas a la presente causa fiscal determinó que el exalcalde Contreras tuvo asignada la titularidad jurídica para el manejo de los recursos y como ordenador del gasto tenía el deber de activar los mecanismos y ejercer las acciones destinadas a verificar y hacer efectivo el cumplimiento idóneo y oportuno de los objetos contractuales.

Responsabilidades
En ese sentido, de acuerdo con la Contraloría, las pruebas en el expediente evidencian que la gestión fiscal de Contreras fue insuficiente y contraria a los deberes, mecanismos y a los principios de eficiencia, eficacia, economía y responsabilidad que rigen toda actuación administrativa, al permitir la consumación de situaciones que conllevaron al fracaso absoluto del proyecto.
"El hoy implicado gestionó y materializó pagos a la O.P.V. y a la Asomcaribe tan pronto fueron depositados los recursos, pero se abstuvo de mostrar esa misma diligencia al momento de verificar la correcta ejecución del objeto contratado y de exigir el cumplimiento del avance de obras pactado", expresó la Contrtaloría.
En cuanto a Jaime Cochero Jaraba, quien era el secretario de Planeación del municipio de La Unión, señaló el ente fiscal que tuvo incidencia en la materialización del daño investigado, al abstenerse de realizar seguimiento alguno a la correcta ejecución de las obras y servicios contratados y de presentar los respectivos informes periódicos en los que se advirtieran los atrasos, incumplimientos, vencimientos y deficiencias de construcción.
Por su parte, la responsabilidad fiscal de la Organización Popular de Vivienda para el Departamento de Córdoba (OPV) es atribuida por cuanto ejerció actividades de administración, custodia, gasto e inversión de los recursos recibidos de manos del municipio, sin reportar ni soportar su ejecución total en el proyecto de vivienda.
Agregó que el porcentaje de avance del proyecto, el cual no alcanzó siquiera el 50 % de lo programado, resultó siendo deficiente en calidad y funcionalidad.
 A Manuel Causil se le falló con responsabilidad fiscal por cuanto la base de la presentación de informes de interventoría eran imprecisos y distintos a la realidad verificada.
La conducta de Causil incidió en el daño patrimonial toda vez que incumplió con sus responsabilidades asumidas. "Incurrió en negligencia al no rendir oportunamente advertencias, observaciones, requerimientos y en no reportar oportunamente a las instancias competentes el estado de ejecución física, financiera y de garantías del proyecto de vivienda", dijo la Contraloría.
 En estos hechos también estaba involucrado Mario Vergara de la Ossa, exalcalde de La Unión en el 2012-2015. Pero la Contraloría falló contra él sin responsabilidad fiscal. No le probó nada. De este mismo proceso desvinculó a las aseguradoras Seguros del Estado y la Previsora, que actuaban como los terceros civilmente responsables.

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