Opinión | 12:00 AM, 2022-05-14 | Redacción

La suspensión decretada por la Procuradora

Por: Carlos Rodríguez Santos
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Ante la suspensión decretada por la Procuradora al alcalde de Medellín en aplicación del nuevo régimen disciplinario, cabe referenciar aquí la nueva Ley 2094/2021, pues, le atribuye al Procurador "potestad disciplinaria de carácter jurisdiccional", especialmente respecto a los empleados de elección popular; incurriendo en inconstitucionalidad por incompatibilidad con el "principio constitucional de separación y colaboración del Poder Público".

Efectivamente, la Constitución (art. 113) prevé que "son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines". En concordancia, la misma Constitución (arts. 117 y 118) establece que el "Ministerio Público" como órgano de control, autónomo e independiente para el cumplimiento de las demás funciones del Estado, le corresponde en cabeza del Procurador la potestad disciplinaria de quienes desempeñan funciones públicas. 

Infiriéndose y no se requiere ser abogado para comprenderlo, que una cosa distinta es que el Congreso legalmente atribuya a la Procuraduría funciones jurisdiccionales excepcionalmente, v.g., la función de policía judicial; y otra cosa es que mediante la Ley 2094/2021, atribuya carácter jurisdiccional a la "potestad disciplinaria de la Procuraduría, especialmente referente a los empleados de elección popular", como si fuera parte de la rama judicial, contrariando así el "principio de separación y colaboración del poder público", pues, dicha potestad disciplinaria no constituye una función propia de la rama judicial que permita,  excepcionalmente, asignársela a la Procuraduría con carácter jurisdiccional.

Siendo así, la Procuraduría, autora del proyecto de la Ley 2094/2021 y el Congreso mismo, en lugar de hacer los ajustes exigidos por la Corte IDH, sentencia 8 de julio de 2020, caso Petro Urrego vs Colombia (que ordenó al Estado colombiano adoptar medidas para garantizar la posibilidad efectiva de recurrir fallos disciplinarios ante jueces, asegurando así a los empleados de elección popular una revisión integral de los fallos de la Procuraduría), lo que hicieron fue todo lo contrario, esto es, atribuir carácter jurisdiccional a la potestad disciplinaria de la Procuraduría, violando así la Constitución ¿No es ello una forma autoritaria de gobierno? ¿quién termina sancionando las leyes? ¿la Procuradora no fue antes ministra del gobierno actual?; entonces, ¿qué se espera de la suspensión del alcalde de Medellín? Se las dejo allí.

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