Sincelejo | 12:00 AM, 2021-11-25 | Sincelejo

Sincelejo se libró de pagar $34 mil millones a Electro Atlántico

El municipio de Sincelejo le ganó a Electro Atlántico la demanda
Alcaldía de Sincelejo.
Alcaldía de Sincelejo.
Por: Redacción El Meridiano
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 Terminó la zozobra que tenía la Administración municipal de Sincelejo sobre la millonaria demanda de acción de controversias contractuales que instauró Electro Atlántico Ltda contra el Municipio de Sincelejo.
El miedo que tenía el Municipio era porque le tocaba pagar, si perdía esta demanda una millonaria suma de dinero: 34 mil millones de pesos, que eran las pretensiones de Electro Atlántico.
Pero la semana pasada el Consejo de Estado, en segunda instancia,  confirmó la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Argumentos 
de la demanda
En dicha demanda, Electro Atlántico Ltda. argumentó que  el Municipio de Sincelejo celebró un contrato de concesión con Electro Atlántico el 28 de febrero de 1997, cuyo objeto fue el "mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público en todo el municipio de Sincelejo (...)". Y que la remuneración del contratista se haría con el valor total de la facturación de la tasa correspondiente al alumbrado público. Esta tasa sería recaudada por la Electrificadora de Sucre S.A., quien consignaría los recursos en una cuenta corriente de una fiduciaria.
Pero el Municipio tuvo "serias complicaciones" para cumplir con lo convenido en la remuneración del concesionario y el convenio interadministrativo con la Electrificadora. 
Por lo anterior, sostuvo la demandante (Electro Atlántico), que la entidad estuvo en incumplimiento desde el inicio del contrato, ya que no disponía de medios para retribuir la labor del contratista y causó una grave lesión en las finanzas del proyecto.
Finalmente el Municipio terminó declarando la caducidad del contrato de concesión mediante la Resolución 14 de 14 de enero de 1999 con base en un informe de interventoría que no había sido puesto en conocimiento del contratista.
El Municipio, en manos del alcalde Jairo Merlano Fernández, revocó la Resolución 14 de 1999, mediante la Resolución 60 de 17 de febrero de 1999. En la misma fecha puso en conocimiento del concesionario el informe de interventoría que había servido para sustentar la declaratoria de caducidad revocada.
Dice el demandante que el informe de interventoría desconoció las cláusulas del contrato, pues no se hizo durante toda la ejecución, sino de manera extemporánea. 
Agregó el demandante que los actos demandados habían sido proferidos "basándose en falsas motivaciones".
Basándose en esas pretensiones, y otras, Electro Atlántico, lo que quería era que se dejara sin efecto unos actos de carácter contractual, sobre lo que pedían la nulidad y solicitaban la indenización de perjuicios por el valor en mención.

Qué contestó 
el Municipio
En la contestación de dicha demanda, el Municipio solicitó  al Tribunal Administrativo de Sucre, que se negaran las pretensiones porque, entre otras cosas, el contratista nunca cumplió con su obligación de presentar informes mensuales; las suspensiones fueron de mutuo acuerdo y no podían dar lugar a la ruptura del equilibrio económico; no había alumbrado público en Sincelejo cuando se declaró la caducidad y que los informes que motivaron la caducidad fueron puestos en conocimiento del contratista.

Decisión de la primera instancia
El Tribunal consideró, entre otras cosas, que "el Concesionario no cumplió con lo pactado en el contrato en el primer año de ejecución", situación que corroboró en los propios escritos de la demandante.  También que no podían prosperar las alegaciones del contratista concernientes a la causa de su no cumplimiento y su imputabilidad al Municipio, porque este no garantizó el pago oportuno.
Así las cosas, el Tribunal concluyó que "ante el grave incumplimiento del contrato estatal es proporcional y razonable la declaratoria de caducidad, sin que sea posible aceptar que el Concesionario eluda su responsabilidad por su comportamiento, tratando de escudarse inclusive en la modificación de la tasa efectuada por el Contratante mediante Decreto 149 de 1998, dado que ello no justifica la paralización y correcta marcha de las obligaciones pactadas (…)" .

Qué dijo el Consejo 
de Estado 
 La decisión del Tribunal fue apelada por Electro Atlántico Ltda. ante el Consejo de Estado, que en su decisión señaló  que el contratista no demostró la desviación de poder alegada. 
Asimismo, no obra prueba en el expediente que demuestre que la declaratoria de caducidad se hizo como retaliación por las demandas interpuestas en contra del Municipio. 
"En el aparte anterior de esta sentencia se señalaron los aspectos sobre los cuales se concretó el esfuerzo probatorio del demandante, entre los cuales no estaba incluida la desviación de poder. Por tanto, el contratista no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados y, por lo mismo, se confirmará la sentencia de primera instancia".
Es de anotar que el Municipio, ya se estaba preparando hace muchos años con el dinero por si "reventaba" esta demanda en su contra.  Es decir, ya había una contingencia establecida, dentro del proceso de reestructuración de pasivos , para este proceso en particular. La defensa del Municipio estuvo a cargo del bufete de abogados Pérez Méndez abogados SAS.
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