Sincelejo | 12:00 AM, 2021-10-18 | Sincelejo

Vía Chochó- Don Alonso esta lejos de entregarse: Contraloría General

Hace varios meses los habitantes de esos corregimientos protestaron porque la ejecución de la vía es lenta.
La vía Chochó -Don Alonso se tenía que ejecutar en ocho meses. Eso no ha pasado.
La vía Chochó -Don Alonso se tenía que ejecutar en ocho meses. Eso no ha pasado.
Por: Redacción El Meridiano
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La Contraloría General de la Nación halló presuntas anomalías en el contrato que tiene como objeto el mejoramiento en placa huella de la vía que comunica al corregimiento de Chochó, en Sincelejo, con el también corregimiento de Don Alonso, en Corozal.
Las irregularidades las detectó al auditar dicho contrato, el cual se está ejecutando con recursos de regalías, por un monto de $ $3.977.741.134.00, con un plazo de ejecución de ocho meses.
Señala la Contraloría que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del contrato, (noviembre de 2020) es evidente que, a la fecha, es decir, casi 8 meses después (corte agosto 2021), la obra no se ha culminado y, por ende, no ha cumplido la finalidad para la cual se celebró dicho contrato.
"A manera de ejemplo, a corte 31 de marzo de 2021, según el informe del supervisor, sólo se había cumplido con un 19.96 % de la obra, lo cual denota un evidente y preocupante atraso en la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluso se corrobora con el informe técnico del 5 de julio de 2021 realizado por el auditor de la Contraloría en el cual se pone de presente que el avance de obra es del 20.26 %. Lo anterior implica que a la fecha la construcción y el proyecto no están terminados de acuerdo con los tiempos y las especificaciones técnicas y de calidad previstas en el pliego de condiciones", dice el ente fiscal en el resultado de la auditoría.

Hace hincapié en que en la actualidad puede concluirse que el mejoramiento de la placa huella no está completo, pero peor aún que dicho proyecto está lejos de entregarse y ponerlo en funcionamiento en beneficio de la comunidad de una manera oportuna. 
Pero lo más preocupante para el ente de control es que, según el citado informe técnico, "las obras realizadas no son funcionales porque no se ejecutaron los módulos completos tal como lo indica la sección transversal, de tal manera que estos no están trabajando en conjunto".
Esa situación, a juicio de la Contraloría refleja una falta de diligencia de parte del contratista en lo que tiene que ver con la utilización de los recursos, materiales técnicos y humanos que se requieran para ejecutar el objeto del contrato. Máxime si se tiene en cuenta que el contratista recibió el anticipo del 30 % a fin de que, según el respectivo plan de inversión, con esos dineros se cubrieran pago de salarios y jornales, dotación del campamento, compra de equipos, alquiler de maquinaria, y compra de materiales, entre otros.

Recibió dinero 
"Por esta razón no resulta lógico que a pesar de que esos dineros le fueron debidamente desembolsados, la amortización de los mismos no se refleje de manera significativa, pues sencillamente la obra no ha avanzado según lo presupuestado", cuestionó la Contraloría.
El ente fiscal también cuestionó que resulta más preocupante la situación si se tiene en cuenta que para la fecha del inicio de la obra, ya el Gobierno nacional había autorizado la apertura de obras públicas con los debidos protocolos de bioseguridad. Pues entonces ahora no se justifica, dice la Contraloría, que el contratista y la administración municipal digan que los trabajos se retrasaron con ocasión del aislamiento que generó la pandemia o por el paro que tuvo lugar en mayo de 2021.
"No es admisible que ahora, casi ocho meses después de celebrado el contrato, se tenga un porcentaje de ejecución del 20 %. Pero es más preocupante aún el hecho que, según los documentos que fueron remitidos por la entidad auditada, la obra debía finalizar aproximadamente el 3 de julio de 2021, sin que de parte del equipo auditor se tenga constancia sobre adición o prorroga alguna", expresó la Contraloría.
Finalmente concluye el órgano de control que la obra no ha sido terminada y por ende, no está en funcionamiento y en beneficio de la comunidad. Por consiguiente, no presta el servicio para el cual fue contratado. Lo anterior configuran hallazgos de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $1.777.527.182.

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